Sistema Cambiario

La política cambiaria de Costa Rica

La experiencia de Costa Rica en materia de tipo de cambio ha sido bastante amplia al haber regido varios esquemas cambiarios. Hasta finales de la década de los setenta prevaleció uno de tipo de cambio fijo, caracterizado por esporádicas devaluaciones y por la aplicación de tipos de cambio múltiples en los periodos de transición.
El esquema de minidevaluaciones se inició a principios de los años ochenta, en una primera etapa basada en la fijación y en la centralización de las divisas en el Banco Central de Costa Rica como ende regulador de la economía del país y, a partir de marzo de 1992, con base en un sistema de mayor participación de agentes privados, pero bajo el control de la Autoridad Monetaria se eliminó la centralización de la compra y venta de divisas para transacciones corrientes en el Banco Central de Costa Rica y de las restricciones a la cuenta de capitales; se estableció la libre conversión de la moneda nacional; se suprimió la calificación de la compra y venta de divisas como delito, se abrió la posibilidad de fijación del tipo de cambio oficial en el Banco Central sin necesidad de recurrir a la Asamblea Legislativa.

En aquella fecha, se estableció un régimen de flotación administrada que operó durante pocos meses. La especial coyuntura por la que atravesó entonces la economía costarricense (importante ingreso de capitales externos de carácter privado y significativa apreciación nominal de la moneda local) indujo al Banco Central a retomar el control del mercado basado en las reformas institucionales mencionadas.
Bajo el régimen del sistema de evaluaciones el Banco Central influye de manera directa e indirecta en el valor de la divisa con el objetivo de que mantenga un nivel real relativamente constante con base en especial en el criterio de paridad del poder de compra. Si bien en la consideración de la pauta de ajuste cambiario se toma en cuenta la evolución de fundamentales económica distintos a los diferenciales de inflación entre Costa Rica y otros países, en la valoración de aquellos para efectos de la política cambiaria existe un alto grado de discrecionalidad.

El mercado cambiario realiza únicamente transacciones de contado, con un número relativamente importante de intermediarios pero con reducido grado de competencia pues el volumen de negociación de divisas está concentrado en unos pocos agentes autorizados.

Las operaciones de divisas del sector privado son fundamentalmente superavitarias y por las
disposiciones reglamentarias en materia cambiaria, que establecen una posición propia máxima de los intermediarios, se obliga a la Autoridad Monetaria a absorber al cierre de cada día los excesos o cubrir los faltantes de divisas con los consecuentes efectos sobre los medios de pago en la economía y las reservas monetarias internacionales. Por otra parte, las transacciones cambiarias del sector público registran déficit que son cubiertos por el Banco Central de Costa Rica.

La presencia de una política cambiaria de minidevaluaciones y una política fiscal expansiva, con poca flexibilidad en el uso de instrumentos fiscales, subordina a la política monetaria de manera que resulta simple garantizar la estabilización de precios, la posición de la balanza de pagos y un crecimiento económico sostenibles. Asimismo, en la medida en que los déficit fiscales contribuyan a incrementar el gasto interno y a presionar las tasas de interés domésticas, se generan efectos sobre el déficit en la cuenta corriente y en los flujos de capital de la balanza de pagos. Bajo un tipo de cambio fijado, se afectan directamente los resultados de las reservas internacionales como contrapartida de las presiones sobre el tipo de cambio.
Ello muestra la incompatibilidad de políticas fiscales expansivas con una política cambiaria relativamente rígida.

La economía costarricense muestra además algunas debilidades que pueden constituirse en fuentes de vulnerabilidad potencial ante choques internos y externos, en especial, la delicada situación de las finanzas públicas, la frágil estructura del sistema financiero y las rigideces del mercado laboral, en un contexto de gran exposición a eventos externos dada la elevada apertura comercial y financiera de la economía nacional, y de grandes limitaciones para la utilización de la política monetaria y fiscal. Se hace necesario continuar con el proceso de modernización de la política monetaria y cambiaria de manera que se garantice continuar con la inserción de la economía en los mercados internacionales de bienes, servicios y capitales, en condiciones de menor vulnerabilidad.